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Más de 3.200 firmas exigen el tratamiento urgente de la Ley de Financiamiento Universitario Argentino
Representantes de organizaciones, docentes, académicos e integrantes del ámbito científico y educativo- firmaron una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) pidiendo que se expida de manera urgente en la causa por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente.
Ante la grave crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario público argentino. La demora en resolver esta situación profundiza el deterioro del derecho a la educación y afecta el funcionamiento de las instituciones universitarias, las condiciones laborales de docentes y no docentes, y el acceso efectivo de estudiantes a una educación pública de calidad en todo el país.
Tal como expresa la carta, la Corte Suprema tiene la oportunidad de reafirmar algo tan básico como fuertemente necesario en este contexto: que el Poder Ejecutivo debe cumplir con la ley y que los derechos consagrados en la Constitución Nacional requieren recursos económicos suficientes y adecuados para ser efectivos. La Constitución encomienda a los poderes del Estado garantizar las condiciones de la educación universitaria pública como una responsabilidad indelegable.
Cada día que pasa sin que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario profundiza una doble crisis: vulnera el derecho a la educación de cientos de miles de personas y debilita las bases republicanas de la Constitución.
La educación universitaria pública no puede quedar sujeta a decisiones discrecionales que desconozcan una ley vigente y el mandato constitucional de garantizar derechos. Por ello, Amnistía Internacional – de la mano de más de 3200 firmas – llamó a la Corte Suprema a intervenir con urgencia para resguardar el orden constitucional y asegurar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.
Un presupuesto crítico que pone en riesgo el derecho a la educación
Entre 2023 y 2025, el área de Educación y Cultura sufrió una reducción presupuestaria del 58,11%, el mayor recorte porcentual de toda la administración pública nacional. En este contexto, la Ley 27.795 ordena la recomposición salarial, la actualización de los programas de becas estudiantiles y la actualización de partidas presupuestarias universitarias conforme al índice de precios al consumidor.
Tras el veto total del Poder Ejecutivo Nacional, ambas cámaras del Congreso insistieron con las mayorías especiales previstas por la Constitución Nacional, otorgándole plena vigencia a la norma. Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025.
El Poder Ejecutivo no puede suspender unilateralmente una ley vigente ni evadir su obligación constitucional de cumplirla. La decisión de no ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario desconoce al Congreso, afecta la división de poderes y pone en riesgo el derecho a la educación pública.
El presupuesto público expresa las prioridades del Estado y constituye una herramienta central para cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales. En ese sentido, es imperativo que la Corte Suprema ejerza su rol como garante último del orden constitucional y ordene el cumplimiento efectivo de la ley.
Entre las más de 3200 firmas, hay organizaciones, centros, académicos, docentes, adhieren:
Amnistía Internacional Argentina
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